Esta Carta Magna reconoce diversos tipos de libertades públicas de acuerdo con la clasificación que hace el Profr. Español Pedro Farias, enfatizando que es la primera en pretender conciliar la libertad con la igualdad reconociendo los derechos sociales. Así, en su texto original podemos encontrar libertades que van desde las “límite”, las libertades de “resistencia” y las libertades de “participación”. Se consagran, por ejemplo, el derecho a la libre expresión, la educación, la cultura y las creencias religiosas; la protección para la clase obrera en el artículo 123; las limitaciones a la propiedad privada para evitar la formación de monopolios Art, 28) y el fraccionamiento de los latifundios para impulsar el desarrollo de la pequeña propiedad agrícola alrededor de nuevos centros de población; el sufragio efectivo para todos los mexicanos mayores de 18 años; el juicio de amparo, etc.

Algunos juristas mexicanos han calificado esta Constitución como “política y social” puesto que se garantizan “o controlan constitucionalmente no solo los derechos del hombre individuo, sino también del hombre social y de los grupos humanos como el sindicato, la asociación campesina, las cooperativas, etc., que encuentran expresión jurídica en los artículos 123, 27 y 28 de la Ley Fundamental” (Trueba Urbina, 126; 1954).

“En su sentido más amplio -enseña Adolfo Posada- la política social abarca toda la acción del Estado encaminada a aliviar y mejorar la situación y condiciones económicas, jurídicas, sociales, de pobres y débiles; mejor, de todos, entrañando una constante rectificación de las consecuencias injustas y fatales del régimen de la libre concurrencia o de la lucha por la existencia(...) En su sentido más estricto, tal política social consiste en la intervención del Estado en las reclamaciones y exigencias de las clases obreras y la cual se desenvuelve en el sentido de procurar la transformación jurídica de las relaciones de trabajo y la elevación de las condiciones de los obreros” (Trueba, 80; 1954).

Estas declaraciones de principios, en lo que toca a los medios de comunicación -cine, impresos y posteriormente los llamados medios electrónicos como la radio y la televisión- tomaron carne y precisión en leyes y reglamentos promulgadas en diversas épocas, tales como: a) la ley de imprenta, en 1917, b) la ley de vías generales de comunicación en 1940, c) la ley federal de cinematografía de 1949 y la Ley federal de radio y televisión en 1960. Más recientemente se aprobaron las leyes de Telecomunicaciones (1992) y el Reglamento para estaciones de cable (1995).

Ley de Imprenta.

Firmada el 12 de abril de 1917 por el propio jefe del ejército constitucionalista, esta ley se declara transitoria en tanto se reglamenten los artículos 5 y 6 en la materia y está compuesta por 36 artículos destinados, en su totalidad, a restringir y penalizar diversos tipos de violaciones a la intimidad, la moral pública y la seguridad nacional. En el primer orden, se tipifica lo que se entiende por “expresión maliciosa” a los comunicados hechos “verbalmente o por señales en presencia de una o más personas, o por medio de manuscrito, o de la imprenta, del dibujo, litografía, fotografía o de cualquier otra manera que expuesta o circulando en público, o transmitida por correo, telégrafo, teléfono, radiotelegrafía o por mensajes, o de cualquier otro modo, exponga a una persona al odio, desprecio o ridículo, o pueda causarle demérito o en su reputación o en sus intereses”.

En el segundo caso, se trata de contenidos a través de los cuales “se defiendan o disculpen, aconsejen o propaguen públicamente los vicios, faltas o delitos, o se haga la apología de ellos o de sus autores” independientemente de los medios que se utilicen, incluyendo cantos, representaciones, fotografías, etc.

El tercer ámbito de censura corresponde a los intereses del estado e incluye, según el artículo 3, ”toda manifestación o exposición maliciosa hecha públicamente por medio de discursos, gritos, cantos, amenazas, manuscritos, o de la imprenta, dibujo, litografía, fotografía, cinematógrafo, grabado o de cualquier otra manera, que tenga por objeto desprestigiar, ridiculizar o destruir las instituciones fundamentales del país; o con los que se injuria a la Nación Mexicana, o a las Entidades Políticas que la forman”. En otros incisos del mismo artículo quedan tipificadas otras acciones como la provocación a la desobediencia al ejército o a las autoridades, la publicación de noticias falsas o adulteradas capaces de perturbar la paz y la tranquilidad, así como la propagación de hechos prohibidos por la ley a causa del interés público.

El artículo 9, por su parte, es una colección de prohibiciones de publicación referidas a procesos judiciales, a jurados y dictámenes que provengan de los jueces de los tribunales de la nación. También se obliga a los propietarios de imprentas a su registro ante las autoridades municipales a que corresponda y las responsabilidades, casi siempre penales, y sanciones de editores, propietarios, escritores, voceadores, en caso de violaciones a la presente ley. Se establece la necesidad de querellarse contra el autor de las injurias sobre las bases siguientes: ”Si la ofensa es a la Nación, o a alguna Entidad federativa, al Presidente de la República, al Congreso de la Unión o alguna de sus Cámaras, a la Suprema Corte de Justicia, al Ejército, Armada o Guardia Nacional o a las instituciones dependientes de aquél o éstas, la querella será presentada por el Ministerio Público, con excitativa del Gobierno o sin ella. Si la injuria es a cualquier otro funcionario, el Ministerio Público presentará también la querella, previa excitativa del ofendido. Si la ofensa es a una Nación amiga, a su gobierno o a sus representantes acreditados en el País, el Ministerio

Público procederá también a formular la queja previa excitativa del Gobierno mexicano.

Finalmente se consagra el derecho de réplica, independientemente de los temas de que se trate y con un tratamiento informativo equitativo.

Llama la atención el hecho de que esta ley tiene un carácter negativo respecto del artículo 7 constitucional que afirma: “ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianzas a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública”. Es decir, dedica su cuerpo completo a reglamentar lo que se entiende por estos límites, dejando a los tribunales la cualificación de los delitos y asignación de sanciones correspondientes, siguiendo de algún modo, la tradición norteamericana que confiaba en el poder judicial, como freno del gobierno en cuanto a la acotación de tales libertades.

La promulgación de esta ley es consecuencia de un tiempo de efervescencia política que inicia con el siglo, y que va desde los últimos tiempos de represión porfirista a la prensa hasta la apertura radical propiciada durante el gobierno de Francisco I. Madero que da la ilusión de un vacío. ¿Quién ordenará la nación, una vez depuesto el Gral Díaz? La organización de ciudadanos a través del Partido Nacional Democrático, el respeto del nuevo gobernante a la soberanía popular y a la división de poderes, no fueron capaces de desmantelar el sistema tiránico y menos su influencia a través de los medios de comunicación que dedicaron sus esfuerzos a ridiculizar al Presidente. Un hermano suyo, Gustavo Madero declaró: los diarios muerden la mano que les quitó el bozal. Quienes osaron defender al gobernante, como “Nueva Era” fueron incendiados por el aspirante a dictador Victoriano Huerta.

Una vez conjurada la revuelta de Huerta y el triunfo del General Venustiano Carranza al mando de un ejército conocido como constitucionalista, a diferencia del movimiento obrero de Flores Magón o del agrarista de Zapata y Villa, se convocó a la nueva constitución y a la promulgación de la ley que nos ocupa. Detrás vemos la tesis de la dualidad institucional que, al mismo tiempo que reconoce el principio de la libertad de expresión, le pone limites muy precisos a través de leyes secundarias, de modo que se protejan los intereses del gobierno en turno bajo el cobijo de la seguridad nacional. El propio Carranza asimiló el fracaso de Madero en materia de medios y promovió “El Constitucionalista”, del mismo modo como financió revistas, publicaciones y una campaña fuerte de su propia imagen a través de la fotografía. “Los viajes de rectificación” se hicieron comunes, convocando a periodistas, editores, escritores, fotógrafos, etc. a que acudieran a sitios de acción gubernamental para que dieran cuenta directa de lo que ocurría. En cambio, apoyaba articulistas desfavorables a la imagen de Villa y Zapata, a quienes nunca dejó de describir como bandoleros.

La apertura de libertades de participación y su administración corporativa

Entre 1917 y 1934, fecha en que asume la presidencia de la República el General Lázaro Cárdenas, el país vivió una época marcada por la sangre revolucionaria y también por el nacimiento de instituciones políticas que facilitarían el impulso del llamado programa de la revolución mexicana y la experimentación de prácticas pacíficas para resolver las disputas por el poder. Con las muertes de los generales Zapata y Villa desaparece la presión para imponer un proyecto nacional agrarista que se ha dado en llamar “la revolución interrumpida” por escritores como Gustavo Gilly; y con la de Carranza en 1920, se recrudecen las batallas para la disputa por el poder presidencial desde diversos puntos de la nación y con muy diversos caudillos militares. Los Generales Obregón, Pablo González, Calles, De la Huerta, Serrano, se suceden y contraponen atacando y defendiendo las principales demandas sociales y políticas, cuando no organizan revueltas reaccionarias como las De la Huerta. En 1928, la lucha facciosa concluyó con la muerte de los tres candidatos revolucionarios: Arnulfo Gómez, fusilado y los generales Serrano y Obregón, asesinados.

Uno de los mecanismos, frecuentemente convocado, para frenar la inestabilidad entre los caudillos y las fracciones entre los propios liberales, era la convocatoria para formar una alianza de partidos políticos y organizaciones que, por medio de una convención, eligiera al candidato de la unidad para la presidencia del país. El ejercicio, fue propuesto por Madero en el Partido Antireeleccionista, por Carranza con el Partido Liberal Constitucionalista, por Plutarco Elías Calles a través del Partido Nacional Revolucionario en 1929.

Esta última experiencia logra aglutinar fuerzas tan disímbolas como podrían ser los socialistas radicales, los anarcosindicalistas, los caudillos militares, los liberales civilistas, los agraristas, cuyos intereses habían sido traducidos ya en la propia constitución del 17, bajo un programa amplio que era el de la constitución y/o el de la revolución. Algunos autores niegan la existencia de este programa ideológico-político, puesto que la función básica del PNR era el de muro de contención de tales fuerzas en conflicto, asumirlas en los terrenos políticos y no militares evitando ríos de sangre y el desgajamiento de los grupos gobernantes y el país. Otros, señalan que lo que tenía claro era su orientación: nacionalista, populista de masas y el compromiso de elevar las condiciones sociales, económicas, culturales y políticas de la población menos favorecida como los campesinos y los obreros.

El sistema político mexicano de este siglo había nacido. Garantizaba la libertad de expresión y de participación de todos los grupos sociales y sus líderes, frecuentemente enfrentados por su posición en los procesos productivos, siempre y cuando fueran ejercidas dentro del PNR, mismo que daría cauce a tales demandas a través de su simbiótica relación con el gobierno, del mismo modo que permitiría la formación, movilidad de sus cuadros políticos y legitimación electoral de las posiciones. El Partido fue de la revolución y el gobierno de la constitución.

El gobierno de Lázaro Cárdenas dio paso a una nueva etapa en la consolidación de los principios revolucionarios. Realizó un vigoroso programa nacionalista de expropiación petrolera, de reparto agrario a través del ejido otorgado a los campesinos e indígenas, de promoción educativa y promulgación de leyes progresistas. Como él mismo declaró el 1 de diciembre de 1940, “me esforcé por servir a mi país y con mayor empeño al pueblo necesitado. Cancelé muchos privilegios y distribuí en buena parte la riqueza que estaba en pocas manos”

La situación de la prensa durante este período combina momentos de libertad y de coacción. Proliferaron las publicaciones de carácter ideológico-político argumentando sobre los sucesos nacionales e internacionales, promoviendo la discusión política dentro de la nación y llevando hasta los grupos étnicos y marginados la propuesta del presidente sobre la cuestión agraria y la educación socialista. La propaganda de gobierno se complementa con el fortalecimiento del periódico del partido “El Nacional” y eventualmente se respetan las publicaciones que, incluso, llegan a ridiculizar al Presidente, como el caso de “Rotofoto” de José Pagés Llergo, quien publica fotografías chuscas de Cárdenas y su gabinete.

En ningún caso, se utilizaron los recursos judiciales que la ley de imprenta señalaba, sino que los mecanismos de control y de represión se fueron diversificando y dependiendo más de la práctica política. “Rotofoto”, por ejemplo, resistió presiones periodísticas de las publicaciones de las agrupaciones obreras y en los momentos más críticos fue atacada por los propios trabajadores, miembros de la CTM, y quemada como resultado de la propia indignación popular cardenista. Por otro lado, Cárdenas crea PIPSA, la Productora e Importadora del papel, sociedad anónima, que era el monopolio del estado para la compra y distribución de papel periódico en el país, pudiendo fijar sus precios de manera autónoma y preferencial a las publicaciones. El servicio, de gran utilidad para el desarrollo de las empresas periodísticas, puesto que vendía a tasas preferenciales y subsidiadas, sería también un mecanismo efectivo de control en los sexenios posteriores.

La radiodifusión y la telegrafía inician ya transmisiones, de modo que el propio Presidente “dispuso la instalación de un hilo telegráfico directo para que el pueblo presentara sus quejas al ejecutivo”(Krauze, 91; 1987) y se abren diversas emisoras de servicio público y de agitación política como Radio Educación, la XEFO del PNR, Radio Universidad Nacional Autónoma de México, etc. En términos legislativos, el Gobierno de Lázaro Cárdenas decreta la Ley de Vías Generales de Comunicación, donde se establece la jurisdicción federal para los asuntos de “líneas conductoras eléctricas y el medio en que se propagan las ondas electromagnéticas”, así como las figuras concesión o permiso. El papel del estado en tal actividad es el de garante para la prestación de servicios de utilidad pública; límite para la participación del capital extranjero y controles para evitar el uso de las vías por parte de los gobiernos enemigos. Dictada el 19 de febrero de 1940, está especializada en las vías carreteras y empresas de transporte consideradas como un servicio público, aunque incluye artículos relacionados con la radiocomunicación, siendo la primera vez que se plantea el carácter patrimonial del estado en materia del espacio aéreo y electromagnético, concediendo permiso a los particulares para el uso de canales radioeléctricos.

Pese a la existencia de emisoras institucionales con objetivos claros de promoción política, cultural o social y directamente relacionadas con universidades, Secretarías de Estado o partidos políticos, la ley cardenista no repara en el poder educativo, cultural o comercial del medio, sino únicamente en las prioridades políticas de la coyuntura nacionalista amenazada desde el exterior por los capitales de la industria o el petróleo. No deja de sorprender este vacío legislativo y programático que excluye a la radiodifusión del gran proyecto modernizador de la revolución mexicana que tenía importantes impulsos a través de la educación, las políticas culturales nacionalistas, el movimiento artístico y hasta el cine de la época de oro. “La radio nunca se definió oficialmente en términos de algún compromiso social o educativo. Los radiodifusores privados quedaron libres para implementar y desarrollar su adaptación al modelo norteamericano de radiodifusión” (Ruiz, 1984: 22).

La administración de Cárdenas supuso otro momento importante para la transformación del sistema político mexicano a través de las reformas que impone al partido revolucionario que, en adelante se llamará Partido de la Revolución Mexicana, PRM. Sobre la base de “que los obreros se organicen de acuerdo con su matiz de pensamiento, de acuerdo con sus intereses profesionales, y que igual cosa haga el empresario industrial y el poseedor de la tierra: la lucha económica y social ya no será entonces la diaria e inútil batalla del individuo contra el individuo, sino la contienda corporativa de la cual ha de surgir la justicia y el mejoramiento para todos los hombres”, se promueve la formación de organizaciones sociales para la defensa de los trabajadores (CTM), de los campesinos (CNC y CCM) y su inclusión dentro del partido, de modo que este se convierta en el partido del pueblo de México. Es decir que no sería ya el partido de los caudillos y sus asociaciones, sino que el pueblo organizado, las bases sociales, los sectores revolucionarios de México, como dice el pacto constitutivo del PRM, serían los que darían forma al nuevo partido.

“Al renunciar el ejecutivo -dice en su discurso del 18 de diciembre de 1937- a las facultades extraordinarias y al señalar la nueva organización que debe darse al Partido Político de la Revolución, fue precisamente para que el pueblo pueda hacer uso de su derecho cívico, interviniendo en los asuntos de interés nacional y en la designación de los hombres que habrán de servir los puestos de elección popular. La Revolución quiere que México se gobierne por la democracia, pero esta no podrá perfeccionarse mientras el pueblo no este organizado para ejercerla”.

Ciertamente que tales agrupaciones jugaron un papel importante para la defensa de los intereses de clase y hasta se llegó a decir que del mismo modo como Porfirio Díaz había defendido desde el gobierno los intereses de la clase burguesa, ahora se defenderían los intereses de los oprimidos. No obstante, su inclusión dentro de un partido político, el único que representaba la legitimidad revolucionaria, formaba una gigantesca corporación de coptación y control que ligaban las fuerzas en conflicto a un aparato del estado que los había organizado y, en consecuencia, los podía limitar de acuerdo con las grandes tendencias y metas nacionales. El estímulo a la participación y la defensa de los intereses de las clases dominadas, tuvo tensiones paradójicas y controladas, que podían ir desde la inclusión moderada en el diseño de políticas nacionales hasta la exclusión completa.”Los mexicanos -escribe Arnaldo Córdoba- fueron incapaces de percibir el gigantesco proceso de corporativización que el cardenismo estaba llevando a término” (Krauze, 147; 1987).

Mientras que Lázaro Cárdenas propició la organización del pueblo y su simbiótica relación con el aparato gubernamental, los presidentes posteriores usufructuaron las posibilidades corporativas y de control para favorecer el desarrollo capitalista y la modernización de las estructuras económicas. ¿Se estaba preparando ya el tránsito del modelo liberal de desarrollo moral hacia el otro de equilibro del que habla el Profr. Español Pedro Farias García? ¿Las prácticas relacionadas con las libertades informativas se desarrollaban a caballo entre un sistema de exclusión de las masas -paradójico si recordamos la historia de participación que está detrás de la organización del PRM- y otro más abierto de persuasión de las masas?

El péndulo de las libertades I

(Más pa allá que pa acá)

La formación sociopolítica que se observa tiene elementos en contradicción. Por un lado, la vitalidad de los procesos revolucionarios amplía libertades y las posibilidades de igualdad de oportunidades para los sectores más desprotegidos, lo mismo que genera nuevas formas de organización, participación y defensa de intereses de clase, sobre la base de que el estado reconoce la existencia de la lucha de clases e intenta corregir sus injusticias a través de una economía mixta. Por otro lado, los mecanismos que -muchas veces fueron alentados por el propio Presidente Cárdenas como cuando encabeza una huelga obrera en Monterrey- se utilizan para coptar, coordinar los descontentos y canalizarlos de modo que se establezcan “las nuevas reglas del juego entre los factores de la producción” sirven para consolidar al Estado Cardenista como protagonista de la vida social. Sus formas organizativas serían utilizadas muy pronto para frenar las demandas sociales, corromper líderes y permitir una mayor acumulación capitalista. De ahí la razón pendular del sistema mexicano que unas veces parece decididamente conservador y a veces decididamente liberal.

En cuanto al modelo de comunicación también hay mestizajes. Partiendo de una base constitucional con pretensiones libertarias, leyes particulares restrictivas y una enérgica defensa de la cultura nacionalista, el ejercicio de las libertades informativas se somete generalmente a la práctica política de manera flexible puesto que no se aplican sistemáticamente acciones de represión y sí se crean organismos indirectos de dependencia como PIPSA. El régimen de Cárdenas desarrolla también de modo paralelo políticas comunicacionales de intensa propaganda que desean concientizar, educar al estilo socialista y impulsar a la acción a grandes grupos dominados, con técnicas similares a las utilizadas en la Unión Soviética: propaganda, conciencia, agitación social.

Aunque algunos rasgos apuntan al modelo que el Prof. Farias llama de exclusión de masas (la concentración del poder, una constitución más o menos “semántica”, ideología nacionalista que “no pretende, tanto el dominio socioeconómico o espiritual como en los totalitarismos, cuanto el control físico del poder en beneficio del orden autocrático”, etc) otros no coinciden, puesto que en México y, en esta época, la subordinación de los medios al Estado no era completa y no estaba eliminada la crítica al poder político y menos existía una censura política absoluta. Tampoco el modelo apunta al de la “conducción de las masas, aunque haya rasgos de organización y propaganda similares a los utilizados en los países socialistas. ¿ Cómo puede tipificarse entonces este modelo comunicacional?(Farias, 28; 1988)

Si los regímenes revolucionarios aseguran estar en un modelo mixto, con cierto peso patrimonial del estado en áreas estratégicas, la limitación de la propiedad privada según el interés nacional y el carácter de árbitro entre las fuerzas de producción, es lógico que su modelo comunicacional tenga características complejas. No obstante, considerando que el protagonismo del estado cardenista no tenía la función de llevar al país del capitalismo al socialismo, por muy radical que pareciera en ocasiones, y tampoco era de las dictaduras caudillescas americanas, pensamos que el modelo es el de persuasión de las masas (pretensión de libertad, control flexible y cambio escrutable). En los años próximos, bordará, desde nuestro punto de vista, los límites entre este modelo y el de exclusión de las masas, dadas las múltiples formas de control indirecto que se van acumulando en diversos sexenios priístas y el fortalecimiento de un partido que se ha llamado de Estado.

El 18 de enero de 1946, se inicia la segunda gran convención del PRM, convirtiéndose en Partido Revolucionario Institucional y abriéndose a la participación, no solamente de los sectores campesinos y obreros, sino también a las organizaciones populares urbanas(CNOP) y empresarios de manera individual puesto que no existen agrupaciones de esa orientación formalmente inscritas al partido. El acuerdo fue promover la candidatura del Lic. Miguel Alemán Velazco, bajo el lema “Democracia y Justicia Social”, quien toma protesta como presidente el 20 de enero de 1946.

La administración se caracterizó por modernizar las estructuras económicas del país, promoviendo la inversión extranjera y desarrollando un programa de obras públicas, caminos, obras de riego y ampliando los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.Durante su gestión se promulgó la primera ley sobre la industria cinematográfica en 1949.

En general, dicha ley declara a la industria cinematográfica de interés público y la pone bajo la jurisdicción de la Secretaría de Gobernación “a efecto de lograr su elevación moral, artística y económica, con atribuciones tanto de fomento como de control, pues la fracción IX del artículo segundo establece que son sus funciones “conceder autorización para exhibir públicamente películas cinematográficas en la República, ya sean producidas en el país o en el extranjero (...)(cuidando, que no) infrinjan el artículo 6 y demás disposiciones de la Constitución General de la República” y también censuras películas nacionales”cuya exhibición en el extranjero se considere inconveniente por el tema y desarrollo de las mismas, aún cuando hayan sido autorizadas para exhibirse en territorio nacional” (fracciónX, párrafo segundo del artículo citado). También se establecen cuotas de pantalla para la producción nacional que en ningún caso será menor al 50% del tiempo de cada pantalla.

Durante más de 2 años, la aplicación de estos controles quedó al arbitrio de la Secretaría de Gobernación, sin que existan criterios claros para tomas las decisiones. En 1951 se votó la ley reglamentaria que señala los mecanismos para el registro de películas y los criterios para la supervisión cinematográfica. Sus límites, como en el caso de la ley de imprenta de 1917 se agrupan considerando: a) ataques a la vida privada, b) ataques a la moral y d) cuando se provoque algún delito, se haga apología de los vicios o se altere la paz y el orden públicos. Llaman la atención lo que se considera como ataques a la moral: “cuando se ofenda al pudor, a la decencia o a las buenas costumbres o se excite a la prostitución o a la práctica de actos licenciosos o impúdicos, teniéndose como tales todos aquellos que, en el concepto público, estén calificados como contrarios al pudor (artículo 71) y una de las fracciones correspondientes al artículo 73 sobre ataques al orden público: “cuando se contenga noticias falsas o adulteradas sobre acontecimientos de actualidad capaces de perturbar la paz o la tranquilidad en la República o alguna parte de ella, o de causar el alza o baja de precios de las mercancías o de lastimar el crédito de la Nación o del algún Estado o municipio o de los bancos legalmente constituidos” (fracción VI).

La censura llega hasta las películas personales y sin revelar tomadas por turistas o investigadores, cuya exportación puede suspenderse cuando así lo exija el interés nacional.

Independientemente de la similitud que existe entre estos criterios y los que se establecen en la ley de imprenta de 1917 y su sanción judicial, lo cierto es que los mecanismos reales y efectivos de censura y control muy poco estuvieron relacionados con la aplicación de estas leyes y reglamentos. Antes bien, se diseñaron a lo largo de varios sexenios -y de modo acumulativo- medidas indirectas de coptación. Por ejemplo, durante el gobierno de Miguel Alemán toda la prensa se benefició de la publicidad gubernamental, lo que hizo un periodismo de grandes y prósperos empresarios. Se multiplicaban las giras gubernamentales - al modo Carrancista- en los que participaban ejércitos de reporteros, fotógrafos mal pagados que recibían “chayotes” o pagas extras por parte del gobierno. Si sumamos, además, los significativos ahorros que derivaban del precio subsidiado del papel controlado a través de PIPSA, entonces era claro que la prensa estaba vendida al gobernante en turno. Quienes se salían del esquema, como el caso de la revista “Presente” de Jorge Piño Sandoval, que denunciaba sistemáticamente los actos de corrupción voraz que había dentro de la administración alemanista, fueron presionados y amenazados de manera directa. El Presidente Alemán creó el día de la libertad de prensa para agradecer el apoyo de sus amigos periodistas, refrendando cínicamente la subordinación al gobierno.

En lo que se refiere a las transmisiones radiofónicas y televisivas, siguió vigente una ley- la de vías de comunicación- que decía nada o muy poco sobre el tema hasta 1960, fecha en la que se promulgó la Ley Federal de Radio y Televisión . Sus primeros artículos confirman la visión patrimonial del estado, señalando que la nación tiene el dominio directo de su espacios territorial y del medio en que se propagan ondas hertzianas, siendo este dominio inalienable e imprescriptible, aunque su uso pueda concesionarse a particulares con fines de interés público. Las funciones sociales de la industria radiofónica, quedan definidas en el artículo 5: “ La radio y la televisión, tienen la función social de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y el mejoramiento de las formas de convivencia humana. Al efecto, a través de sus transmisiones, procurarán:

• I. Afirmar el respeto a los principios de la moral social, la dignidad humana y los vínculos familiares;
• II. Evitar influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la juventud;
• III. Contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo y a conservar las características nacionales, las costumbres del país y sus tradiciones, la propiedad del idioma y a exaltar los valores de la nacionalidad mexicana.
• IV. Fortalecer las convicciones democráticas, la unidad nacional y la amistad y cooperación internacionales.

Para fomentar y vigilar el cumplimiento de tales funciones, el ejecutivo federal tomó diversas medidas, en esta ley y posteriormente en sus reglamentos y adiciones, a fin de hacerse de “tiempos oficiales” para la transmisión de programas de”divulgación con fines de orientación social, cultural y cívica” y otorgó a la Secretaría de Gobernación las atribuciones de control de transmisiones cuidando que sus contenidos no ataquen a la intimidad, la moral y el orden públicos, al mismo tiempo que encomendaba a otras secretarías como las de educación pública y de salubridad y asistencia reglamentos relacionados con sus misiones.

Aunque en el artículo 58 del Capítulo III “sobre la programación” se afirma que no existen limitaciones a la libertad de expresión, ni censura previa y menos inquisiciones judiciales y administrativas, numerosos artículos de este mismo apartado se encaminan a orientar las parrillas programáticas de las emisoras. Estas orientaciones, las podemos clasificar en: a) técnicas, b) de servicio social, c) educativas, especialmente dirigidos a la niñez, d)comerciales y e) políticas. Algunas, comprometen las señales “al aire” a estrechar relaciones con el aparato gubernamental y otras, de plano, tienen un alto componente de censura. Las primeras, otorgan al estado tiempos definidos para la difusión de mensajes de servicio social y tiempos variables según sea necesario a juicio de la Secretaría de Gobernación para la conformación de una Red Nacional de Comunicación. Las segundas, prohíben abiertamente “las transmisiones que causen la corrupción del lenguaje y las contrarias a las buenas costumbres, (...) todo aquello que sea denigrante u ofensivo para el culto cívico de los héroes y para las creencias religiosas, o discriminatorio de las razas (Art, 63) y “las noticias, mensajes o propaganda de cualquier clase, que sean contrarios a la seguridad del estado y del orden público” (Art, 64). Tampoco se salvan los locutores extranjeros ni los programas editados y producidos en otros países.

Una de las preocupaciones fundamentales de los defensores de la utopía comunicativa es la garantía no solamente de libertad de expresión, sino también de imparcialidad en la asignación de permisos, concesiones o licencias de transmisión, de modo que la estructura de la propiedad de medios amplíe las capacidades de comunicación de los más diversos grupos sociales y no se concentren en alguno en especial. Esta preocupación estuvo presente en el legislador pues admite la existencia tanto de emisoras comerciales como de educación y servicio público y no somete a licitación -no en esta ley- la asignación de frecuencias, sino que solicita garantías de eficiencia comunicativa a las posibles empresas solicitantes y fianzas que, incluso, son devolutorias al final de los procesos. Las concesiones se otorgan solo a empresarios mexicanos hasta por un tiempo límite de 30 años y son prorrogables o revocables según se haya cumplido con la ley y las funciones sociales de la radiodifusión. Algunas causas de revocación son de naturaleza técnica y política, entre los que sobresalen el apoyo a enemigos en caso de guerra y el cambio de nacionalidad mexicana de sus usufructuarios. La dependencia encargada de ejecutar las decisiones es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a sugerencia de la Secretaría de Gobernación.

El péndulo de las libertades II

(más pa acá que pa allá)

Desde la fundación del PRI durante el gobierno de Miguel Alemán, los presidentes sucesivos como Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo y Miguel de La Madrid, fueron los usufructuarios de lo que ha dado en llamarse el autoritarismo institucional: la construcción política del país a través de un partido hegemónico que utiliza sus fuerzas organizadas como mecanismo de legitimación del poder y las políticas públicas, ensayando el movimiento pendular del que hablábamos; algunas veces liberando las organizaciones obreras, otras reprimiendo movimientos independientes para favorecer el desarrollo del capital, como en el caso de Ruiz Cortines que terminó reprimiendo a los maestros con todo lujo de violencia. Después, López Mateos terminó reprimiendo a los ferrocarrileros con todavía mayor lujo de violencia. Lo mismo harían Díaz Ordaz y Echeverría en su momento.

El juego de cerrar-abrir libertades permitió décadas de estabilidad que permitieron la transformación del México rural hacia otro de carácter urbano e industrial y la acumulación capitalista reconocida como “el milagro mexicano”. No obstante, nuevas condiciones sociales preparaban fracturas y amplificaciones en las libertades políticas que el régimen no siempre supo sortear sin derramamiento de sangre. A finales de la década de los 60, el sistema político empieza a vivir los síntomas de la rebelión dadas las siguientes circunstancias: a)antidemocracia interna priísta y procesos electorales empañados por la evidencia del fraude, b) presiones sociales desde la derecha y desde la izquierda para ampliar el sistema de partidos, c) acumulación de prácticas de autodestrucción entre los miembros de la clase política, puesto que el presidente entrante debe fincar su poder casi omnímodo sacando de la esfera política a su antecesor, ocasionando desconfianzas y recelos posteriores, d) ensanchamiento de la clase media y exigencia de mayor participación, e) formaciones independientes en los gremios sindicales como los ferrocarrileros, telefonistas, frecuentemente vinculados con la izquierda mexicana, f) descontento en sectores populares al descender los niveles adquisitivos y devaluación de la moneda mexicana, g) influencia ideológica de la revolución cubana tanto para los sectores de la izquierda tradicional, como para los herederos de la época Cardenista, h) una generación universitaria de clase media con influencias del 68 francés y el cuestionamiento a las estructuras del poder, I) diferentes movimientos tanto de guerrilla urbana como rural y j) represión a luchadores sociales, estudiantiles y obreros.

Las condiciones de los medios para estas fechas eran de mayores posibilidades de control por parte del estado. La prensa tenía tras de sí algunos años experimentando las relaciones clientelares con PIPSA, con los publicistas oficiales, con las prácticas de subsidios directos a periodistas, etc. Los medios electrónicos por su lado, tenían obligaciones sobre la transmisión de contenidos oficiales en cadena nacional, boletines y la espada de Damocles de las revisiones poco transparentes sobre las concesiones. Es decir, los mecanismos de coacción informativa, algunos con la ley y otras sin ella, estaban bastante bien pulidos y experimentados.

La matanza estudiantil de Tlaltelolco de 1968 perpetrada a fines de la administración del Presidente Díaz Ordaz fue la ocasión para mostrar los niveles de control que se tenían sobre los medios de comunicación. Se cerraron publicaciones inconvenientes o críticos al régimen como la revista “Política”; se ejerció una presión directa, física contra periodistas independientes, en particular al periódico Excélsior dirigido por Julio Scherer García por publicar información no proveniente de los boletines oficiales sobre la represión estudiantil; los caricaturistas como Abel Quezada que se atrevió a publicar un cuadro negro con la pregunta ¿Porqué? sintieron el miedo y la presión militar muy cerca de sus personas y familias. Lo mismo ocurrió con revistas y publicaciones que manejaron independencia editorial como “El día” y ¿Porqué? Los intelectuales mexicanos, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Fernando Benítez, Carlos Monsiváis, y en general los universitarios del país rompieron relaciones con la presidencia de la república y le hicieron objeto de críticas duras y fundadas.

Sin válvulas de escape, las clases medias estaban fracturando los acotamientos del autoritarismo institucional. Sus resultados, muy diferentes del caudillismo revolucionario o los liderazgos militares, se habían traducido “en un amplio margen para reducir el nivel de represión y abrir espacios de expresión y participación sin serio peligro para la estabilidad del régimen(...) (y eso permitiría) al régimen presentarse como más genuinamente democrático que uno directo, por lo que la brecha entre práctica autoritaria y formalidad democrática queda más fácilmente encubierta”. Pero el encubrimiento había llegado a su final. (Crespo, 33; 1988)

El siguiente período presidencial, el de Luis Echeverría Álvarez, necesitó restaurar la esperanza mediante su discurso nacionalista revolucionario, su llamado a apoyar al tercer mundo, su divisa de apertura democrática y su «arriba y adelante». Pero lo más importante fue su denuncia en el sentido de que el modelo económico de «desarrollo estabilizador» había reconcentrado la riqueza del país entre unas cuantas familias y que su gobierno impondría el modelo de «desarrollo compartido» que beneficiaría a las mayorías. “La educación fue la más beneficiada por las luchas de 1968. Echeverría multiplicó el presupuesto y creó gran cantidad de escuelas: el Colegio de Ciencias y Humanidades, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Colegio de Bachilleres, las Unidades de Estudios Superiores, las Telesecundarias, etc. Los discursos de LEA sonaron y asustaron mucho a los empresarios; con ello pretendió frenar cientos de huelgas obreras, movilizaciones estudiantiles y campesinas, pero sobre todo, a la guerrilla urbana que encabezó la Liga 23 de Septiembre y la guerrilla rural de Genaro Vázquez y de Lucio Cabañas en el estado de Guerrero” (Echeverría, 1999)

La pretensión democratizadora, nacionalista y de “izquierda” de Echeverría se tradujo en acciones importantes en el terreno legislativo, político y de acción gubernamental. En cuanto al primer asunto, reglamentó la aplicación de la Ley Federal de Radio y Televisión acotando sus lineamientos de modo que fuera más operativa insistiendo en el papel del estado como rector de las comunicaciones y retomando la experiencia crítica que se había hecho desde América Latina y el tercer mundo contra los monopolios de la información transnacional. Dicho reglamento, votado el 8 de marzo de 1973, establece en sus clausulas declaratorias “que el presente ordenamiento reglamenta, en lo que se refiere a la Ley Federal de Radio y Televisión, sólo las atribuciones que dicha ley concede a la Secretaria de Gobernación; desarrolla en primer término, para los fines de su regulación, los postulados legales que establecen que la radio y la televisión deben constituir vehículos de integración nacional y enaltecimiento de la vida en común orientando estos medios preferentemente a la ampliación de la educación popular mediante el fortalecimiento de las funciones informativas, de recreación y de fundamento económico”. Las principales acciones reglamentadas son: a) las modalidades, usos y tiempos del tiempo oficial del gobierno, b) sistemas de clasificación de contenidos por televisión y cine, c) los equilibrios entre programación y publicidad, d) restricciones a la publicidad de bebidas alcohólicas, e) se obliga a las emisoras a informar semanalmente de su programación al Consejo Nacional de Radio y Televisión para verificar el cumplimiento de sus obligaciones en torno de la cultura, f) autorizaciones de pantalla para películas nacionales o extranjeras, con base en “que no sean denigrantes para México”. Se especifica también lo que se entiende por las principales prohibiciones que aparecen en la Ley Federal de Radio y Televisión que hemos comentado en páginas anteriores.

El artículo 36 del reglamento declara que “Queda prohibido a los concesionarios, permisionarios, locutores, cronistas, comentaristas, artistas, anunciantes, agencias de publicidad, publicistas y demás personas que participen en la preparación o realización de programas y propaganda comercial por radio y televisión lo siguiente:

• I. Efectuar transmisiones contrarias a la seguridad del Estado, a la integridad nacional, a la paz o al orden públicos;
• II. Todo aquello que sea denigrante u ofensivo para el culto de los héroes o para las creencias religiosas, así como lo que, directa o indirectamente discrimine cualesquiera razas;
• III. Hacer apología de la violencia del crimen o vicios;
• IV. Realizar transmisiones que causen la corrupción del lenguaje y las contrarias a las buenas costumbres, ya sea mediante palabras, actitudes o imágenes obscenas, frases o escenas de doble sentido, sonidos ofensivos, gestos y actitudes insultantes, así como recursos de baja comicidad;
• V. La emisión de textos de anuncios o propaganda comercial que requiriendo la previa autorización oficial, no cuenten con ella;
• VI. Alterar substancialmente los textos de boletines, informaciones o programas que se proporcionen a las estaciones para su transmisión con carácter oficial;
• VII. Presentar escenas, imágenes o sonidos que induzcan al alcoholismo, tabaquismo, uso de estupefacientes o de sustancias psicotrópicas.
• VIII. Transmitir informaciones que causen alarma pánico en el público. “

Y en el artículo 37 “se considera que se hace apología de la violencia, el crimen o los vicios en los siguientes casos:

• I. Cuando se excite al desorden, se aconseje o se incite al robo, al crimen, a la destrucción de bienes o se justifique la comisión de los delitos o a sus autores;
• II. Cuando se defiendan, disculpen o aconsejen los vicios;
• 
  
• III. Cuando se enseñe o muestre la forma de realizar delitos o practicar vicios, sin demostrar durante la transmisión las consecuencias sociales adversas de esos hechos.”

Y en lo que corresponde a la corrupción del lenguaje, el artículo 38 declara que “se considera que se corrompe el lenguaje en los siguientes casos:

• I. Cuando las palabras utilizadas por origen o por su uso no sean admitidas dentro del consenso general como apropiadas; y
• II. Cuando se deformen las frases o palabras, o se utilicen vocablos extranjeros. “

Finalmente, se consideran contrarias a las buenas costumbres: (Artículo 39) I.- El tratamiento de temas que estimulen las ideas o prácticas contrarias a la moral, a la integridad del hogar, se ofenda al pudor, a la decencia o excite a la prostitución o a la práctica de actos licenciosos; y II.- La justificación de las relaciones sexuales ilícitas o promiscuas y el tratamiento no científico de problemas sociales tales como la drogadicción o el alcoholismo. Esta reglamentación se sitúa dentro de los grandes proyectos latinoamericanos de elaboración de políticas integrales de la comunicación, que se entienden como un conjunto explícito de normas que guía de manera coherente y duradera las acciones de las instituciones de comunicación de un estado con miras a aumentar su capacidad de conducir o coadyuvar al desarrollo social, junto con las esferas de la educación y la cultura; no se pretende subvertir el orden privado; no se busca limitar las libertades sino asegurar flujos equilibrados de información; no es estatizar, sino completar los sistemas de comunicación con medios públicos al servicio de fines educativos y culturales; no es la socialización sino la democratización de los sistemas y procesos de comunicación y su uso racional. Intentan, pues, corregir el surgimiento espontáneo y sin coherencia de los medios tradicionales, así como revalorar los contenidos y formatos de comunicación (noticieros, telenovelas, comedias, etc.) para incorporarlos a un plan coherente y sistemático para “engrandecer al hombre latinoamericano, para hacerlo más consciente de la realidad en que vive, para hacer al marginado más capaz para enfrentar a sus problemas, más inteligentes y culta la sociedad para dejar el ignominioso rostro del subdesarrollo” (Schenkel, 1981: 25).

En su Segundo Informe de Gobierno, el 1 de septiembre de 1972, el presidente Echeverría dijo: “En semanas recientes, se intensificó el debate en torno a la radio y televisión. Es manifiesta la preocupación por fortalecer los derechos de la sociedad mexicana sobre esos medios y garantizar el correcto cumplimiento de las funciones que tiene asignadas”.

La intervención defensora de los intereses de la sociedad se da en los terrenos de la reglamentación de la Ley Federal de Radio y Televisión; con la propiedad y manejo de televisoras públicas como el Canal 13 de cobertura nacional y la TRM, de influencia principalmente en zonas rurales donde el sistema comercial no era rentable ni eficaz y en el notable apoyo otorgado a las radios universitarias. En sus inicios, el modelo mexicano declara que sus fines son ajenos al mercado publicitario y los intereses económicos situando su rentabilidad en el terreno social, buscando una programación nacionalista, respetuosa de las libertades públicas y del individuo, equilibrada y defensora del desarrollo autónomo del país, así como promotora de valores sociales y una mayor responsabilidad de la esfera pública.

Como parte de esta intención moralizadora del régimen de medios que no se sujetan libremente a las acciones del mercado, Luis Echeverría fomenta la apertura de radios universitarias, la producción cinematográfica nacional, sobre todo con temas desmitificadores del autoritarismo de tiempos anteriores y el control programático de los medios electrónicos comerciales, lo que le genera graves encuentros con los concesionarios que lo acusan de amordazar a los medios y estatizarlos.

En lo que se refiere a la prensa, Echeverría juega de nuevo a la tensión libertad-coacción informativa. Por un lado, promete a Julio Scherer, director de Excélsior que las cosas cambiarían y que se respetaría la libertad de expresión, como en los tiempos de Madero. Excélsior abre sus puertas a editorialistas e intelectuales como Daniel Cosío Villegas, Octavio Paz, Vicente Leñero, García Cantú que, en muchos casos, escribieron agudos comentarios en torno de las políticas del presidente. Este contexto, al mismo tiempo que la preocupación de algunos empresarios en torno dela orientación que estaba teniendo la prensa, provoca que el propio presidente les aconseje limitar o eliminar su publicidad de los medios críticos, como una medida para frenar la escalada crítica. En contraparte, el presidente apoyaría a periódicos, como Excélsior, con la propaganda estatal de modo “ que la misma acción gubernamental pudiera resguardar la libertad de expresión” y estableciendo las relaciones clientelares necesarias para su discreto control. Incluso, se convierte en principal defensor de las políticas del presidente en lo que se refiere a sus conflictos con los concesionarios de la radio y la televisión.

Una vez concluido el régimen de Luis Echeverría, en medio de fuertes presiones de la iniciativa privada que le asignaba el rol de gobernante izquierdista y estatizante, de sombras del ocaso petrolero y del fracaso de las políticas regulatorias de medios, como lo demuestra el hecho de que en este sexenio se completó la organización monopólica de Televisa -quizá como respuesta a la competencia estatal- la televisión pública en manos de López Portillo careció de plan estratégico. Más de 7 directores en el trayecto muestran el descontrol conceptual y estratégico del Canal televisivo, así como frecuentes cambios en la definición del servicio público que van desde la subordinación a los índices de audiencia y al autofinanciamiento vía comercialización publicitaria con los consecuentes ajustes en la barra programática, hasta las reminiscencias de su fundación o las simpatías por las alianzas entrañables con el propio sistema comercial. Y todo, en medio de una gestión administrativa plagada de autoritarismo, nepotismo, corrupción y pérdidas económicas.

Miguel de la Madrid, en un intento de corregir el rumbo, crea IMEVISION e IMER, organismos descentralizados encargados de elaborar las políticas de regionalización de la televisión y la radio, promoviéndose los sistemas estatales de comunicación de acuerdo con la visión de gobernadores de los estados. El experimento no dura mucho tiempo ya que el siguiente sexenio del presidente modernizador Carlos Salinas privatiza IMEVISION y rompe la estructura central del servicio público mexicano, quedando en la actualidad supervivencias de diferente modalidad, entre los que destacan los canales 11 y 22 del IPN y CNCA respectivamente, así como los sistemas estatales (radio y televisión) y la red de emisoras universitarias, sin que haya consenso sobre la naturaleza de sus funciones.

“El proyecto de la televisión estatal, dice Antonio Zarur, se perdió en la antinomia que nunca superó y que se encuentra en el origen mismo de su ulterior desaparición: la televisión estatal debía subsistir con fondos públicos para no hacer depender su orientación de los ingresos derivados de la publicidad y todo lo que ello supone, incluida la competencia con la televisión privada o bien desarrollar una alternativa basada en los elementos del modelo comercial, con una programación sujeta a las audiencias y ajustada a las necesidades de los publicistas, de tal suerte que fuera autosuficiente y no dependiera así del presupuesto federal” (Zarur, 1997).

La fractura pendular.

Después de la inestabilidad política de fines de los años sesenta, el sistema político mexicano realizó diversas reformas políticas que intentaban fijar nuevas reglas del juego: a) apertura a más partidos políticos, b) representación proporcional en la cámara de diputados, c) legalización del partido comunista, d) determinación de las prerrogativas de los partidos políticos para la defensa de sus intereses, e) el derecho a la información de López Portillo encaminada a garantizar espacios y puntos de vista de partidos políticos a través de los medios y, en especial, de la televisión, f) modernización del PRI, etc. Con acciones como estas se intentaba modernizar el sistema político mexicano. Sin embargo, las nuevas reglas fueron pequeñas en comparación con el desarrollo de la sociedad y los retos que en términos económicos tendría el país en la década siguiente.

Los finales de la década de los años ochenta presentaban un escenario complicado en diferentes terrenos tanto por la insuficiencia de las reformas políticas al interior del país, como las nuevas condiciones internacionales que prefiguraban ya los movimientos que representarían las nuevas tecnologías, la transnacionalización de las economías y las posibilidades de la globalización. Así, la transición política del Presidente Miguel de La Madrid muestra rupturas y procesos de cambio: a) la reconformación de las elites gobernantes - primero los caudillos, luego la sucesión de los civiles y, finalmente el desarrollo de administradores tecnócratas, formados en Universidades norteamericanas con poca formación política, a diferencia de los políticos tradicionales, y mucha capacidad administrativa [1] , b) la crisis del sistema corporativo priísta que evidenciaba ya la ilegitimidad y corrupción de los líderes sindicales, políticos, sectoriales, convertidos en auténticos caciques frente de sus bases -cada vez más desobedientes y participativos- como los casos de Jongitud Barrios en el sindicato más grande de América Latina, el de los profesores y Joaquín Hernández, líder del poderoso sindicato de la industria petrolera mexicana, c) la creciente vulnerabilidad de la economía mexicana, subsidiada, cerrada y protegida con pocas capacidades de productividad y competencia internacional, d) déficit fiscal del estado propiciado, en parte por la sistemática corrupción de los diferentes gobernantes y el pesado compromiso de pago de la deuda externa, f) problemas macroeconómicos como devaluaciones cíclicas, inflación y desgaste del “pacto del estado revolucionario” con las clases más desprotegidas.

Pese a los esfuerzos de “renovación moral” que desarrolla el primer presidente tecnocrático del país, el Lic. Miguel de la Madrid Hurtado y las diversas reformas políticas, 1988 es quizás señalado como el parteaguas de la historia contemporánea mexicana. Ese año, se celebraron los comicios más cuestionados en la historia del país, tanto por la parcialización del comportamiento de los medios en favor del candidato del PRI, el Lic. Carlos Salinas de Gortari, como por el avance de otras organizaciones políticas como el PAN y el FDN, cuyo candidado, el Lic Cuauhtémoc Cárdenas aglutinó importantes fuerzas descontentas por la crisis económica y política. Además, se cimbró el aparato gubernamental de organización electoral, puesto que nunca fue posible demostrar fehacientemente, con las actas de escrutinio, el triunfo de algún candidato y se resguardaron celosamente bajo el amparo de seguridad del estado. Por otro lado, la calificación automática del proceso hecho por la cámara de diputados convertida en Colegio Electoral, fue un proceso complejo que nos acercó a una crisis constitucional, puesto que la nueva correlación de fuerzas era contraria al PRI y la oposición en bloque exigía nuevas condiciones de funcionamiento.

Este momento fue vivido por los mexicanos con intenso sentido cívico y amenazante en lo que se refiere al pacto social y las instituciones políticas, necesarias para contener los intereses encontrados. Algunas de las preguntas y propuestas para resolver el problema de la transición política llegaron a cimbrar las bases constitucionales del país: ¿Cuáles eran las características del partido que había gobernado el país durante más de cuatro décadas?¿Era posible instaurar un régimen parlamentario contra el presidencialismo?¿Cuál era el papel de los medios de comunicación en una democracia moderna?

Intelectuales como Octavio Paz, Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, coincidieron en afirmar que México había vivido un régimen de partido único que llegaba a su fin. Los mexicanos, en un sólo día, “acotaron al presidencialismo quitándole el dominio del Poder Legislativo, instauraron un régimen electoral competitivo en sustitución del de partido dominante y dijeron no al costo de la modernización elegida por el actual gobierno. Pidieron también menos futuro y más pasado”, aunque en relación con la posición del FDN que llamaba usurpador a Carlos Salinas, se mantuvieron muy cuidadosos y estimulando un equilibrio. (Camín; La Jornada, 16-08-88, p11)

Otras opiniones, fundamentalmente de la izquierda, como las de Gustavo Gilly, Pablo Gómez y Carlos Monsivaís, argumentaban en contra de esta conceptualización, asegurando que se trataba de un Partido de Estado: “No hay ni hubo en México, estrictamente hablando, un partido único (...) Todo partido único es por ley partido de Estado, y se confunde con él. Así sucede en la Unión Soviética o en Cuba: la ley establece un régimen de partido único. Pero no todo partido de Estado es partido único: puede coexistir legalmente con partidos vasallos a los cuales no les está permitido aspirar al gobierno sino tan solo a la colaboración(...) (Gilly, La jornada, 22-08-88, p. 12) Además, completaba Pablo Gómez, un diputado de izquierda, ex militante del PC, PSUM y PMS aliado al FDN que postulo a Cárdenas, “el poder del Estado y su partido se conciben definidos por sí mismos. No son parte de una república de ciudadanos, sino la superestructura política de la sociedad sin el concurso de ésta. De allí proviene la ideología de que el poder es inaccesible” (La Jornada, 7 -09-88, p. 5).

Una de las instituciones que se ve seriamente afectada, es el presidencialismo omnipresente. Monsivaís, escribía en esos días que “en el tránsito pacífico a la democracia, el presidencialismo es escollo central, y el presidencialismo no es sólo la concentración unipersonal de las decisiones que le corresponden a un gobierno, a un partido y a una sociedad, sino su complemento directo: la atmósfera de falsa y verdadera religiosidad, donde la crítica y la exigencia de diálogo son a tal punto herejías, que es benévolo considerarlas “rupturas del orden institucional” (La Jornada, 5-08 p.9) En, consecuencia, algunas corrientes de izquierda proponían la construcción de una “República Parlamentaria” que, no obstante aglutinó de manera inmediata críticos de diferente signo, como Sánchez Rebolledo o Ruiz Massieu. Este último, destacado miembro del PRI y a la postre una de las víctimas mortales de la recomposición y luchas internas durante el sexenio de Salinas, defendía”: En México es un desatino enfrentar el régimen parlamentario al presidencial, pues éste es una institución histórica -fraguada por la evolución constitucional- y aquél es sólo una ilusión doctrinal sin cimiento. Ninguno de los dos regímenes es de suyo legítimo” (La Jornada, 30-08-88, p.5).

La circulación de argumentos y contraargumentos se multiplicó en los medios impresos, destacando la pluralidad editorial del periódico “La Jornada” en cuyas paginas escribieron la totalidad de los autores señalados, más una veintena de plumas de alto nivel vinculados con los diferentes partidos políticos que se habían disputado la presidencia. No ocurrió igual en todos las revistas y publicaciones y menos en las páginas de “El Nacional”, diario financiando por el Gobierno Federal de manera directa. La radio y la televisión, tuvieron un papel radicalmente distinto, desde los tiempos previos al 6 de julio, fecha de la elección que se relata. Televisa, del mismo modo que la televisión del Estado -Canal 13- se declararon abiertamente defensores del statu quo , alentando entrevistas difamatorias contra la vida familiar del Gral.Cárdenas y otorgando amplios espacios publicitarios a la campaña de Carlos Salinas de Gortari, pese a significativos descensos de los niveles de audiencia, denuncias argumentadas en los tribunales electorales, frecuente presión de apertura por algunos medios impresos y manifestaciones públicas de repudio en las puertas de los centros emisores. La radio nacional -tanto privada como pública- ejerció con gran impunidad políticas violatorias al derecho a la información consagrado constitucionalmente, negando entrevistas a candidatos o intelectuales vinculados con el FDN y, despidiendo a periodistas que cometieran la equivocación de hacerlo. Fue el caso del director de Radio Educación, Lic. Héctor Murillo para resolver conflictos en la XEEP, los despidos de José Segoviano y Carlos Chablé, director y reportero de Radio Chan Santa Cruz del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, el cese fulminante de Fernando Pérez Dávila, director del periódico “El noticiero”, de Toluca, etc. Otros ejemplos de la intolerancia a la oposición fueron las posiciones de radios “como una influyente emisora de León, Guanajuato, (que) canceló el tiempo contratado por el PAN, aduciendo excusas sin sentido”, repitiéndose la experiencia en ciudades competidas como Mérida, Chetumal y otras. (García Calderón, 4; 1988).

La opinión de la contraparte era sofística. El Sindicato Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, afiliado al corporativismo de la CTM, señalaba que “Manuel Clohutier pretende que los medios otorguen el tiempo y el espacio que quiera, cuando quiera y como quiera, incluso con violencia. Constituye un atentado contra los concesionarios, permisionarios y trabajadores de los medios” (García Calderón, 7; ídem). Miguel Alemán Velazco, hijo del primer presidente priísta y presidente de Televisa, por su parte, se declaró un orgulloso soldado del PRI argumentando a favor de aumentar en entretenimiento “para el pueblo de los jodidos” en lugar de llevarles información política. Respecto de la obligación constitucional de garantizar el derecho a la información, la empresa abrió de manera desigual pues “había indicaciones del gobierno de respetar los tiempos oficiales y que se respondiera proporcionalmente al número de votos que tuvieran los partidos hace seis años (...) Y como el PRI hace seis años infló la votación, resulta que tenía el 84% del tiempo”. Además, la proporcionalidad era un criterio de la empresa (Laguna Berber, 17; 1988).

El resultado palpable se observó en el quiebre de legitimidad de antiguos periodistas de Televisa, como Jacobo Zabludovky, en la experimentación de mecanismos alternativos y barriales de comunicación y en las plazas de las grandes ciudades que volvieron a ocuparse para exigir el reconocimiento de las libertades públicas, tentando, acaso, reacciones de violento autoritarismo como en los años sesenta y setenta. Juan María Alponte, considerando que la agitación popular podía desembocar en el desorden, teorizaba: “La sociedad civil no es la calle, sino un espacio histórico que se explicita en relaciones sociales específicas que afectan, finalmente, a todos los ámbitos. El congreso circundado por la calle no refleja siempre fuerzas reales. Hay que tener mucho cuidado en la elección de las armas en la lucha democrática. Fundamentalmente porque pueden reeditar la antidemocracia en su peor sentido: en la unanimidad como veto. (La jornada, 18-08-88, p.20). Los días intensos de agosto y septiembre culminaron con el reconocimiento al triunfo del Lic. Carlos Salinas de Gortari, con el 50.74% de la votación, contra el 49.26% de la oposición, sin que las actas de escrutinio pudieran ser cotejadas y calificadas y con sospechosos abandonos de diputados electos que renunciaban a sus partidos para sumarse al triunfo de la modernidad priísta.

El nuevo gobierno, profundamente debilitado en el centro de su legitimidad y con asomos de fractura en la legalidad del sistema, inició desde el día siguiente acciones contundentes para desmantelar el edificio corporativo del PRI, como el encarcelamiento del líder petrolero “La Quina Hernández” por portar armas de grueso calibre, redefinir sus relaciones con el partido conservador, el PAN, cuyo comportamiento moderado fue premiado reconociéndole sus triunfos en gubernaturas y ayuntamientos y la tarea más trascendente de las últimas décadas de gobiernos emanados de la revolución mexicana: el desmantelamiento del estado benefactor a través de un intenso programa de privatizaciones y la reordenación estructural del estado por medio de radicales transformaciones a la Constitución de 1917.

Movido por la crisis del estado benefactor, la inviabilidad de una economía protegida y las tendencias financieras e ideológicas que ya mostraban signos de los procesos de globalización, el presidente Salinas propone un nuevo pacto social basado en la liberación de los mercados, la privatización de la mayoría de las empresas públicas -incluyendo la red nacional de televisión- y el adelgazamiento del aparato estatal. Se abandona la idea de intervención directa en la corrección de los conflictos de intereses entre los elementos de la producción, con objeto de velar por la gran población desprotegida, y se promueve otra en donde el Estado restringe sus funciones a aquellas que por su naturaleza no pueden ser realizadas por el mercado, como la administración de la justicia y la defensa de la soberanía. “El Estado es visto desde esta manera, como proveedor de reglas que facilitan u obstaculizan el desempeño económico, social y político de los agentes”. (Valdez Ugalde, 317; 1993)

El estado patrimonial, que era una de las interpretaciones del intervencionismo, se traslada al ámbito de las políticas públicas, abriendo la inversión privada, simplificando la normativa y el régimen fiscal, especificando el derecho a la propiedad y la libertad para la determinación de los conflictos de los agentes económicos. La justicia social se realizaría mediante la creación de bienes públicos en áreas deficitarias. Algunas de las reformas constitucionales más importantes fueron: a) el artículo 27 que da por terminado el reparto agrario y establece derechos legítimos de propiedad a las parcelas ejidales. Elimina la prohibición a las sociedades mercantiles de tener propiedad en predios rurales; b)el artículo 28 que obliga a mantener bajo la exclusividad del Estado solamente las áreas estratégicas, restableciendo el régimen mixto bancario.

Los resultados de estas políticas salinistas bautizadas con el nombre de “liberalismo social” son de muy diversa índole. Se afirma que han modernizado amplios sectores de la economía que pueden ser competitivos a escala internacional, como lo demuestra el comportamiento de empresas dentro del TLC firmado entre México, Estados Unidos y Canadá, a costa de importantes pérdidas en grupos empresariales medianos y chicos; que han favorecido la concentración monopólica u oligopólica en sectores como la telefonía alámbrica y los medios electrónicos de comunicación; que han sujetado a clases medias y populares a controles de salarios y tarifas de servicios públicos en detrimento de sus niveles de vida, contraviniendo la más pura teoría económica liberal que los dejaría libres en el mercado; que han destinado los ingresos de la venta de empresas paraestatales fundamentalmente al servicio de la deuda y no a programas de asistencia social. “Más bien, el panorama económico y social de la población presenta una configuración que permite suponer que las brechas de ingreso se profundizarán y la polarización de la estructura de incentivos y oportunidades conformará una separación de larga duración entre los sectores dinámicos de la economía y el conjunto de la nación” (Ugalde, 335; ídem).

La transición política, tan ansiadamente presentida durante el verano del 88, fue aplazándose una y otra vez, en aras de esperar los resultados de la modernización económica y el recurso bien ensayado de abrir-cerrar libertades. Así, mientras los pactos económicos (cúpulas empresariales, obreras y gubernamentales) sometían a los trabajadores a salarios tope en contra de sus derechos constitucionales y hasta en contra de la propia teoría liberal, los descontentos sociales podían ser canalizados a través del reconocimiento de triunfos electorales, sobre todo del conservador PAN, cuya alianza con Salinas permitió la mayoría legislativa para cambios y adecuaciones.

Las condiciones de la prensa y los medios de comunicación empezaron a mostrar cambios fundamentales. La prensa experimentó una tensión entre las prácticas diminuidas del control estatal y las nuevas imposiciones de las demandas del mercado. El periódico “Reforma”, por ejemplo, nació con una línea editorial plural y equilibrada más allá de sus vínculos con cúpulas empresariales o gubernamentales y sostuvo interesantes conflictos con la red de voceadores del Distrito Federal, quienes de modo arbitrario defendían la exclusividad del poder de distribución de periódicos y revistas. Su nuevo comportamiento es un signo de los tiempos del mercado: seducir a los lectores con un formato moderno y sin tener en cuenta demasiado los cercos tradicionales que el estado ha puesto a los periódicos de modo paralegal.

En este sentido, el gobierno de Salinas propuso a la prensa relaciones interesantes: persuasión y seducción antes que la mordaza. Si bien es cierto que una buena parte de las medidas iniciales de su gobierno fueron espectaculares y gozaron de repercusión pública inmediata -el encarcelamiento del líder petrolero, la dimisión del líder magisterial, etc.- otras merecían críticas encontradas pues atentaban contra años de estado revolucionario. Sin embargo, aguantó la crítica amparado en un grupo de intelectuales orgánicos y periodistas profesionales como Octavio Paz, Enrique Krauze, Héctor Aguilar, etc. en medio de polémicos apoyos y becas a escritores, creadores, y jóvenes periodistas otorgados por CONACULTA que, en opinión del Dr. Jorge Castañeda, sirvieron como mecanismo de coptación. Al mismo tiempo, desató una campaña intensa de relaciones públicas para hacerle ver a sus críticos el clima de libertades que se gozaba en el país y la justeza de sus decisiones políticas. Puede testimoniarse esta política, según las declaraciones de Julio Scherer García, ex-director de Excélsior y director del semanario “Proceso”.

Aunque el analista Lic. Ciro González, afirma que durante este sexenio la prensa sale del control político en busca de la legitimidad de las audiencias, el manejo de la Dirección General de Comunicación Social de la presidencia buscó el apoyo de los medios, de muchas maneras, y mantuvo los viajes mundiales y latinoamericanos cargados de periodistas tanto nacionales como extranjeros. Contuvo la privatización de la paraestatal del papel PIPSA ante la oposición de los propios editores. “La venta de Pipsa, se argumentó, les hubiera elevado los costos de insumos al eliminar los subsidios implícitos en la gestión estatal” Dabrowsky, 10; 1992)

La política modernizadora de Salinas requería de una difusión internacional de sus decisiones gubernamentales, por lo que su presencia se multiplica en publicaciones como “Newsweek”, “Forbes”, “Los Angeles Times”, “World Street Journal” y el trato preferencial para corresponsales extranjeros era notable.

En lo que se refiere a los medios electrónicos, Imevisión, la televisora nacional del Estado, fue privatizada convirtiéndose en la primera competidora de Televisa por el mercado de las audiencias, ocasionando transformaciones en el campo de la producción audiovisual, la situación legal de los artistas mexicanos y en la parrilla programática de las estaciones tanto tiempo en movimiento autoreferido. Los inicios de la competencia generaron informativos diferenciales, con esporádicos intentos de sentido crítico respecto del poder, que terminaron sometidos al escándalo que vende a grandes masas seudonoticias del mundo amarillista o a la defensa de los intereses explicitados por el gobierno a través de su oficina de comunicación social. La radio, en cambio, caracterizada por una programación fundamentalmente musical, fue descubriendo poco a poco el valor de los informativos, como resultado del terremoto del 85 y la necesidad de participación ciudadana en procesos de rescate y reconstrucción y el cisma electoral de 1988. Como consecuencia, se fueron multiplicando los noticieros radiofónicos como “Monitor”, “Para empezar”, etc.

En 1990, se avivó el debate sobre la censura a partir de un esfuerzo legislativo del 12 de julio en el que la Cámara de Diputados aprobó adiciones al Código Penal sobre “delitos sexuales” penalizando la “fabricación, reproducción o publicación de libros, imágenes u objetos obscenos”, como mecanismo para evitar el aumento de delitos sobre la materia. Algunos editorialistas, como Sergio González, afirmaron que tal aprobación contravenía el derecho del individuo de leer sobre cualquier tema y que los censores eran los propios diputados desde el momento en que se apoyan en la noción de “obscenidad, que alude a lo que quisieran mantener fuera de la vista por sucio, feo intolerable”(...) Además de la habitual censura televisiva y cinematográfica, en los últimos meses las autoridades impusieron límites o cancelaron aspectos que consideraron obscenos (espectáculos de burlesque y centros nocturnos), o dificultaron la realización de actos multidudinarios en los que se reúnen jóvenes, algo ya común, y censuraron anuncios sexuales en revistas y en la vía pública. En algunos casos, estos hechos se han ventilado en la prensa, pero son los menos” (González, 10 y11; 1990)

Algunas de las leyes sobre comunicaciones que se decretaron durante esta administración fueron: a) La Nueva Ley Federal de Cinematografía promulgada el 23 de diciembre de 1992. En su artículo 2, garantiza la libertad inviolable de producir y realizar películas y deja a la Secretaría de Gobernación la autorización de su exhibición pública en el territorio mexicano, así como su comercialización, incluidas la renta o venta, de acuerdo con las clasificaciones que marca el reglamento. El Artículo 9 sobre la exhibición pública garantiza que “no deberá ser objeto de mutilación, censura o cortes por parte del exhibidor, salvo que medie la previa autorización del titular de los derechos”.

En consonancia con el TLC, indica una planeación decreciente de cuotas de pantalla a las películas nacionales de acuerdo con la siguiente tabulación: I. A partir de la entrada en vigor de esta Ley y hasta el 31 de diciembre de 1993, el 30%; II. Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 1994, el 25%; III. Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 1995, el 20%; IV. Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 1996, el 15%; y V. Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 1997, el 10%.

En síntesis, el período presidencial de Carlos Salinas de Gortari emprendió un amplio programa de reformas modernizadoras en los niveles constitucionales, económicos, políticos y respecto de sus relaciones con la prensa. En algunos momentos, se vieron intentos de coacción informativa y en otras de liberalización, cuyas fuentes generadoras fueron no solamente el poder ejecutivo sino otros sectores sociales y el legislativo, como en el caso de las reformas al Código Penal que se señalan en apartados anteriores. La conclusión tiene saldos favorables para las libertades de expresión. En opinión del comunicólogo Francisco Prieto “el gobierno de Carlos Salinas de Gortari no ha hecho otra cosa sino reconocer que el país cambia, y que si el PRI desea conservar el poder, o una parte importante de él, como afirma el famoso personaje de Lampedusa, él mismo debe liderar el cambio” (Prieto, 8; 1992).

El imperio del desorden

1994 marca el final del sexenio salinista. También, el inicio de nuevos procesos de descomposición social, generados por las políticas neoliberales y su impacto en pequeños empresarios y clases medias y bajas; la transición aplazada ante la corrupción y debilitamiento interno del FDN que se convierte en PRD (Partido de la Revolución Democrática) y las contradicciones del Partido de Estado en tránsito a un partido moderno. El nuevo año, anuncia el inicio de una de las guerrillas postmodernas de América Latina más interesantes y avanzadas en opinión de Alain Tourrine y Regis Debray, el EZLN, cuyo líder declara la guerra al Ejército Mexicano y al Presidente Salinas la misma fecha en que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. El nuevo año, termina también en medio de asesinatos políticos de alto nivel, como el del Lic. José Francisco Ruiz Massieu, Presidente del PRI y del Lic. Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la Presidencia de la República; crímenes relacionados con el narcotráfico, conflictos internos no aclarados entre el hermano de Salinas, el Lic. Raúl Salinas de Gortari y grupos políticos. En fin, nuevas muestras de descomposición del régimen de la revolución mexicana que tantos años había logrado mantener los conflictos dentro de los cauces institucionales.

Con estos antecedentes asume la presidencia -con amplio margen de votos-un candidato alterno del PRI, el Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, quien se enfrenta de manera infortunada al manejo de las políticas financieras debilitadas por el deslizamiento de la cotización del peso frente del dolar; las presiones psicológicas que en los mercados de capitales generó la guerrilla que pronto se hizo de una base social importante, y la estructura fabricada por su antecesor que había fomentado el desplazamiento de grandes capitales especulativos de gran movilidad. Los mexicanos padecimos, a partir de estas fechas, la inestabilidad política y moral generada por la miseria mostrada a escala nacional e internacional de los indígenas, los controles estrictos de las variables macroeconómicas y ajustes presupuestales que disminuyeron el gasto público, los escándalos políticos del encarcelamiento del hermano del Presidente anterior, Lic. Raúl Salinas de Gortari acusado de narcotráfico, de malversación de fondos, tráfico de influencias y asesinar al líder priísta José Francisco Ruiz Massieu; incluso, Carlos Salinas, después de breve huelga de hambre en protesta por las supuestas injusticias perpetradas contra su familia se va al exilio a Irlanda, como otro gran modernizador, el Gral. Porfirio Díaz. En fin, hablamos de los efectos sociales y políticos de la borrachera neoliberal del Presidente Salinas.

Las libertades de prensa y de expresión durante lo que va de la administración del presidente Ernesto Zedillo navegan en el mar violento de las contradicciones del control informativo del Estado -o lo que ha quedado de él- y las necesidades de la lógica del mercado, sintetizados en una falta de políticas nacionales de comunicación que puedan terciar entre estas polaridades cada vez menos equidistantes y las tendencias neoliberales de la desregulación de las industrias del ramo. Eso es particularmente destacable, sobre todo cuando la importancia de los medios en la conformación cultural y política de los ciudadanos ha aumentado dada la desproporción de su influencia respecto de otros aparatos ideológicos. “En 1998 existen en la República Mexicana 595 estaciones de televisión divididas entre canales nacionales, repetidoras, televisoras locales, y televisoras de los gobiernos estatales. En cuanto a la radio existen 1,332 emisoras en el país, divididas en 875 estaciones en A.M. y 479 en F.M. En cuanto a los sistemas de satélites se cuenta con el complejo de satélites Morelos II, Solidaridad I y Solidaridad II que cubren todo el territorio mexicano y otras partes del continente americano (El sistema de satélites Morelos I ya terminó de operar con vida útil). En cuanto a los medios escritos México cuenta con 400 periódicos de circulación local y 192 revistas, la mayoría de circulación nacional y de periodicidad variable. En cuanto a las agencias de información existen 59 agencias de noticias, de las cuales 14 son nacionales y 45 internacionales, con 64 corresponsales extranjeros, 57 de periódicos y 7 de revistas” (Esteinou, Javier: 1999)

La televisión inaugura el juego de la competencia de los mercados, no solamente por la dualidad Televisa-Televisión Azteca, sino que también el auge de los sistemas de cable muestra a los consumidores formas televisivas no desarrolladas antes en el país. La nota roja, muy poco desarrollada en México levanta oleadas de audiencia en horas muertas y también fuerte crítica desde sectores moralizantes de la población; los noticieros viran de proyectar enfoques informativos a tonos amarillistas y alarmantes que son bien recibidos en poblaciones acosadas por la violencia de las grandes ciudades como el DF, Guadalajara o Monterrey. Jesús Galindo, investigador de la Universidad de Colima dijera que existe “baja cultura de la información, lo que sí existe es consumo de medios de comunicación. La televisión es central, la radio más presente, el periodismo doméstico de chismes y periodicasos(...) Cultura del espectáculo que sustituye a la fiesta, de la pasividad que inhibe a la actividad y la iniciativa”.

El monopolio informativo impuesto por Televisa durante décadas se quiebra no solo por la existencia de un competidor fuerte, con la que muchas veces comparte líneas editoriales- sino por la necesidad de recobrar la credibilidad perdida por tantos años de unión corporativa con el PRI y los gobiernos emanados de él. Guillermo Ortega, el sucesor de Jacobo Zabludovsky en el noticiero nocturno de mayor audiencia comenta las anécdotas de la apertura en Televisa: “ don Emilio Azcárraga Milmo me llamó a su oficina y me dijo: `Oye, estos cuates sabían cómo hacerle, pero ahora nos han demostrado que ya no saben. Este es otro país, esta es otra sociedad y Televisa tiene que ser otra empresa. La oficina que vas a ocupar ahora, si aceptas, fue la que se encargó de contener, de limitar, de conducir. Ahora es una oficina que se tiene que ocupar de abrir y conducir, pero la apertura, no la cerrazón''. (La Jornada, 7 de junio, 1998).

Esta apertura, en efecto, ha diseñado sus márgenes con gran elasticidad, pues del mismo modo como denuncia por medio de imágenes auténticas y de gran fuerza dramática el asesinato de campesinos en Aguasblancas, Guerrero, o las condiciones de pobreza extrema en Chiapas y las matanzas de indígenas, reproduce las líneas editoriales del Gobierno en el caso de los extranjeros que apoyaban las acciones del EZLN y las tendencias amarillistas de la otra televisora. Lolita Ayala y Javier Alatorre, conductores de los informativos de Tv Azteca, por su parte, explotan de manera permanente el morbo y defienden parcialmente a figuras del gobierno frente de la rebelión insurgente de Marcos. Aunque los nexos con los gobernantes han diminuido, la autorregulación editorial los pone muy cerca de los intereses gubernamentales pese a que han entendido que son empresas que pertenecen más a la sociedad que al gobierno.” En las áreas informativas de Televisa, TV Azteca y Multivisión, reconocen que el régimen de concesiones es una presión adicional sobre el trabajo informativo, pero coinciden con la Asociación Mexicana de Derechos Humanos en que, a estas alturas, la amenaza de cancelación pesa menos sobre sus líneas editoriales”. (Proceso 1077, 22 de junio de 1997).

La prensa mexicana también sufre importantes cambios en su propia identidad. La mayor dependencia financiera con la circulación de sus ejemplares ha obligado a diseñar nuevas prácticas y enfoques en el manejo de la información que favorezcan el consumo masivo de los medios. Así, las cabezas contundentes, mentirosas las más de las veces; las declaraciones retóricas que pueden hacer voltear la mirada y estimular la compra del periódico; los articulistas que mezclan opinión con información reproduciendo rumores, globos sonda, declaraciones off the record ; la noticia editorializada de modo que pueda generar corrientes de simpatía y de opinión; los enfrentamientos violentos en las calles de la ciudad o de los grupos políticos, se han vuelto absolutamente necesarios. El investigador de medios, Raúl Trejo, ha dicho que precisamente en estos tiempos en los que la reforma del estado es más necesaria y su apoyo mediático más importante, la inmadurez del campo solo ha introducido otras variables de confusión al caos de la vida política nacional. Esta responsabilidad es compartida con ciertos sectores políticos que fomentan perversas alianzas con los periodistas de beneficio doble: medir el impacto de ciertos rumores y especulaciones en la vida nacional y, por el otro, contar con supuestos informantes de primera mano que se mueven en las amplias alcobas palaciegas. (Trejo, Raúl; 1997)

Las libertades públicas en México gozan de un laissez faire nocivo y desordenado que se defiende tanto desde las políticas públicas como desde los sectores empresariales. En el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2,000 se “ratifica el inquebrantable compromiso del Ejecutivo Federal de respetar la libre manifestación de las ideas, la libertad de escribir y publicar sobre cualquier materia, así como de no coartar de modo alguno la libertad de imprenta, cuyos límites son el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. El Ejecutivo Federal considera que pretender normar las garantías individuales sobre la libertad de expresión entraña más riesgos que beneficios, pero estará en todo momento atento a las propuestas de la sociedad y el legislativo(...) El Ejecutivo Federal expresa su compromiso de proponer y adoptar medidas efectivas para cumplir regular y oportuna y suficientemente con el derecho a la información. El Gobierno de la República ofrecerá asiduamente la información económica y social, generada por el Estado, que permita a la ciudadanía el análisis, seguimiento y evaluación de las políticas públicas".

No obstante, pareciera que estos compromisos se cancelaron con una adjetivación que cambio la calidad del discurso. El 7 de julio de 1996, en la conmemoración del Día de la Libertad de Prensa, el presidente de la república convocó a que los medios "medios autorregulen su libertad, porque no es el poder público el que debe fijar las reglas de ética y de responsabilidad profesional de los mismos; sino estos los que deben determinar su autorregulación de cara a los más altos intereses de la sociedad y en beneficio de su calidad como instrumentos de la opinión pública. Los medios han ganado su libertad a fuerza de ejercerla. Es una libertad cuyos límites establece cada editor, cada concesionario, cada periodista, según sus intereses y según sus convicciones. Pretender normar la libertad de expresión entraña muchos mas riesgos que beneficios"

"Estoy esperando la respuesta", dijo el domingo 25 de agosto ante las cámaras de Televisa. "Yo creo que el presidente está equivocado", responde Sergio Sarmiento, vicepresidente de Noticias de Televisión Azteca: "Antes de pedir censura o autocensura deberíamos estar seguros que estamos atacando el origen de la enfermedad y no un síntoma". Y anuncia que los programas se terminarán, por lo menos en la empresa donde trabaja, cuando los anunciantes se retiren o los altos niveles de audiencia bajen. No antes.

El publicista Eulalio Ferrer califica: "Yo creo que el presidente trata el problema de una manera elemental y restringida". Y aunque califica de "positiva" la preocupación de Zedillo, explica cómo en un mundo en que los medios de comunicación se están globalizando "resulta casi imposible normar sus contenidos". La preocupación presidencial es parte del embate de algunos sectores contra estos programas que han proliferado recientemente en México. Al presidente Zedillo se han unido varios anunciantes encabezados por Roberto Servitje, presidente del Consejo de Administración de la empresa Bimbo, así como la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), que de plano piden que dicha programación se suprima de las pantallas. (Proceso, 1 de sept, 1996)

La convocatoria del presidente abolió el papel interventor del estado, del peso del derecho positivo y las leyes de la materia y también abrió una puerta que no se ha transitado adecuadamente en el país: la de la ética informativa y la voluntad mercantil. Entonces, la decisión de promover programas amarillistas, difundir rumores, mentiras y confusiones, atentar contra lo ordenado por las antiguas leyes en la materia se volvió pan de cada día. La fuerza de tales decisiones generó que el mismo presidente, en un plano personal, y no como hombre de estado, intentara formar opinión en torno de ciertos valores informativos que pudieran reorientar la dinámica del mercado: “El presidente Ernesto Zedillo exigió ayer a los concesionarios de la radio y la televisión en México dejar atrás ``la obstinación por la violencia'' y que, sin ignorar problemas, carencias e insuficiencias ni eludir la realidad, dejen de conferir tantos acentos a la violencia, al grado que ``parecen querer exaltarla y alentarla''. Además, les pidió no fomentar la costumbre de ver la violencia como algo normal ni hacer que los niños se formen o se entretengan con ella. (La Jornada, 18 de octubre de 1997).

Los medios de comunicación volvían a estar en el centro del debate nacional. Aguilar Camín subrayaba que “La nueva libertad de nuestros medios es una ocasión de buenos negocios privados y mala política nacional. No saben dónde dejar de beber y se propasan frente a nosotros todos los días creyendo que su borrachera libera a los demás y a ellos mismos, que prueba su madurez y su independencia. Los medios tienden a volverse los fines de nuestra incipiente borrachera democrática. Piden a los demás actores de la vida política del país rigores y profesionalidades que no se exigen a ellos mismos. Actúan como

los últimos ciudadanos libres de toda sospecha. Son los últimos depositarios de la buena conciencia en la crisis general de mala conciencia que es toda transición democrática. Son el poder más exigente y el que menos se exige, el que pide todos los días a los demás las cuentas que no se pide a sí mismo. Así, los medios se van convirtiendo en los fines. Su buena conciencia acusatoria y demandante sólo puede compararse con la pobreza profesional de sus acusaciones y denuncias. Y su impunidad es total, mayor que la de ningún otro de los actores públicos que arrastran la cobija de su pasado o construyen la ilusión de su futuro de frente a la borrachera sin contrapesos de esos medios. (Aguilar, 1997)

Otras voces como las de Fernández Cristtlieb, Gómez Mont, Esteinou y Trejo Delarbre, se alzaron reclamando la necesidad de asumir de nuevo una política nacional de comunicación que reconociera los mecanismos de autorregulación colegiada como los colegios de periodistas y los códigos de ética, sin que éstos fueran sustitutos de la acción reguladora de la ley, ridículamente vigente y cancelada por las ideas del propio presidente de la República. Las diferentes legislaciones mexicanas en la materia, algunas que han sido analizadas aquí, se mantienen sin grandes cambios y con poco poder de control sobre las prácticas mediáticas. La simulación [2], la aplicación discrecional, el atraso, la sustitución de la posibilidad reglamentaria y de actualización, son el marco en el que las industrias privadas tejen conceptos míticos, subjetivos, individuales y muchas veces perversos y parciales sobre lo que es o debe ser el derecho constitucionalmente consagrado de la información. México, dice Esteinou, es "uno de los siete países con el marco jurídico mas atrasados en materia de comunicación, solo equiparable a Libia, Irak, Katar, y Cuba; y por debajo de naciones como Paraguay, Colombia y Guatemala" [3].

En los últimos años, grupos parlamentarios de oposición (PRD, PAN) han desarrollado sendas iniciativas de ley que intentan corregir estas desviaciones sin que hayan logrado sus objetivos. La industria comercial y su versión mitificada de la libertad de empresa convertida en libertad de expresión, ha maniobrado públicamente cada vez que se acercan las fechas de lectura de la iniciativa en las cámaras, defendiendo la autorregulación, la mano invisible y soberana del consumidor y atacando lo que consideran intentos fascistas de amordazar un régimen abierto de libertades.

El regimen de libertades informativas o la censura invisible

El sistema político mexicano, al igual que la configuración cultural que le sirve de base, debe entenderse desde la perspectiva de su mestizaje. Por un lado, sobreviven formas de expresión política que corresponden al substrato precolonial y, por el otro, se construyen diversas mixturas teóricas de la modernidad. “El cacique es, a la vez, autoridad de la sociedad tradicional y miembro, por su cultura política, del pueblo político y engranaje del Estado moderno; la presencia del cacique es tanto más indispensable cuanto más grande es la separación entre ambos mundos”. Como él, numerosas instituciones tienen un discurso moderno pero desarrollan prácticas metaconstitucionales y metalegales que permiten su traducción de las elites a las bases sociales, abismalmente diferenciadas, al decir de Francois Xavier Guerra, al grado que “son más radicales que las francesas o españolas” (Guerra;44-45;89).

Los hibridismos en materia de libertades, se observan en diferentes condiciones históricas. Una de las constituciones más avanzadas -la mexicana- que recoge los aportes de la etapa de desarrollo moral del liberalismo, y garantiza la libertad de palabra y de expresión además de un paquete de derechos sociales, coexiste con una ley de imprenta abiertamente coactiva que no ha intentado orientar la interpretación de las únicas limitantes a dicha libertad, “ los ataques a la vida privada, moral y paz públicas”. La ley se mantiene vigente y se aplica a individuos que reparten libelos por las calles y no a los grandes medios de comunicación. Esto habla, evidentemente, de un poder judicial debilitado e incapaz de generar jurisprudencia en este sentido y de las injerencias que el presidencialismo omniprescente ha tenido en los otros ámbitos de poder de la República.

Este doble juego de libertad-censura y abrir-cerrar libertades, ha sido una constante en México, enfatizándose en ocasiones por las presiones más o menos notorias de sistemas informativos como el de la conducción de masas y el de exclusión, sobre la forma informativa típica adoptada en las democracias occidentales: la persuasiva. El período Cardenista, por ejemplo, mantuvo el juego de la libertad de expresión, apoyándose en un programa de educación, concientización y agitación social para grupos obreros, campesinos y trabajadores, del mismo modo como se desarrolló en la Unión Soviética, la tesis de la prensa y la propaganda socialista. La diferencia estaba en que no era el único sistema informativo, ni se ejercía el control irrestricto de los medios, sino que compartía el protagonismo con prácticas liberales, en un intento de evitar el potencial destructivo de la lucha de clases pero sin evadir la responsabilidad moral del estado de intervenir en favor de los sectores desprotegidos. La apuesta por una democracia basada en la economía mixta, hacía necesarias también prácticas informativas dobles que sugirieran la modernización capitalista sin excluir la ideologización de las masas, como una condición indispensable para su organización y defensa de intereses.

El proceso de institucionalización de la revolución, a partir de la fundación del PRI, acabó con esta etapa de coherencia política con las tesis del constituyente del 17. El usufructo del control de las masas sirvió para acelerar el desarrollo capitalista a expensas de las libertades de expresión y de participación social bajo un discurso nacionalista. Las leyes no cambiaron. Simplemente, fueron el marco de numerosas prácticas emanadas del poder ejecutivo, permitidas por un mercado de las comunicaciones con poca solidez y una población poco exigente y bien coptada bajo las estructuras corporativas del partido.

El crecimiento de las clases medias fortalecieron en determinado momento la trabazón de las clases sociales, catalizando demandas inhibidas y exigencias de apertura que fueron dándose a cuenta gotas hasta llegar al perído actual, caracterizado por un laissez faire informativo.

Se dice que nunca como hoy, los mexicanos gozamos de mayor libertad de expresión, valga decir, a cambio de las libertades de participación. Aunque tradicionalmente se relacionan ambas libertades, el planteamiento actual del neoliberalismo aparenta las primeras para destruir sistemáticamente las segundas, pues pese a la crisis del sistema corporativo priísta, algunos de sus mecanismos, como el control de la CTM (la Confederación de Trabajadores de México) sigue funcionando en los sectores cupulares, como medida de contención a los topes salariales y su repercusión en la pauperización de las clases medias y bajas, tanto como en el logro de las variables macroeconómicas.

Tampoco ha sido un asunto de las leyes. Con la vigencia actual de la ley de imprenta de 1917 y de la Ley Federal de Radio y Televisión, los medios actúan de manera autorregulada en función de la mano invisible del mercado, asumiendo como decían Jefferson y Madison que es preferible aguantar los excesos de la libertad de expresión que ponerle trabas y mecanismos de autocensura. De espaldas a las leyes, y en cierto sentido como sustitución de éstas, el Presidente Zedillo ha estimulado en diversos momentos de su gobierno la idea de que la regulación no debe venir del Estado, sino de los propios organismos colegiados de periodistas -que tampoco existen- o, en su caso, por los propios equilibrios demandados por la esfera del consumo. La defensa de las libertades públicas y en particular del derecho a la información, consagrada en 1977 en la Constitución Mexicana y que obliga al Estado a garantizarla, se ha cambiado por una de las grandes falacias del mundo contemporáneo: las pseudolibertades del consumo.

El mercado, esa mano invisible que transfiere los derechos del ciudadano al mero y “soberano” acto de consumir, es quien se encarga de excluir o incluir contenidos en comunión con los grupos sociales y empresariales a los que sirve, aumentando aún más su dependencia con las tecnoestructuras informativas. Esta libertad empresarial -para hacer más dinero y generar más consensos en torno de los procedimientos para crear la riqueza y depositarla en manos reducidas- supone que todo puede ser difundido siempre y cuando sea mayoritariamente consumido. Se puede, por ejemplo, difundir mensajes escandalosos y amarillistas que sigan debilitando la imagen del Estado para fortalecer la del mercado; promover contenidos especializados en la vida íntima, los sentimientos y las miserias del hombre común; encender la hoguera de las pasiones xenófobas y nacionalistas siempre y cuando sea necesario para debilitar la guerrilla zapatista, etc. Lo que no se puede hacer, y no porque hubiera en todos los casos actitudes de censura directa, es la discusión de los asuntos públicos desde las posiciones de defensa de los intereses de clase, romper el aparato de control que inhibe la participación social y cuestionar de manera definitiva el discurso neoliberal. No puede hacerse, porque las audiencias, han preferido entretenerse con las otras basuras. Para muestra basta el raiting.

El nuevo estado seductor defiende la libertad de expresión, cuando es la antítesis de la libertad de participación y cuando no descubre los puntos débiles de la crisis neoliberal y sus inhumanas consecuencias de miseria y desigualdad social. ¿No es maravillosa esta libertad de expresión, o de consumo, que encubre la censura invisible del mercado y hace inecesarias las leyes, los códigos y los manuales de ética? ¿ No es encantador presentar las nuevas tecnologías como esencia de las utopías comunicacionales que garantizan el espejismo de la interactividad, y dejar de lado que funcionan como libertades de privilegio, cuya condición es la de poseer el dinero suficiente para entrar a los bancos de datos, INTERNET, televisión restringida, etc?

La libertad del mercado es la violencia estructural y la censura invisible. Basa su mentira en considerar que la racionalidad individual del consumo existe de manera desocializada y deshistorizada como un gran acto de voluntad, perdiendo de vista que es un reflejo de la condición estructural por la que vive el individuo. Es decir, que la ubicación social del sujeto le permite clasificar, escoger, seleccionar productos o contenidos informativos acordes con sus propias marcas culturales de clase. Al mismo tiempo que segmenta, generaliza dada la presión de las grandes industrias culturales de expandir sus mercados. De ahí, que el escándalo y el amarillismo sean bienvenidos en mercados transnacionales.El resultado ideológico es el afianzamiento de la estructura social, sin ningún compromiso moral por parte del Estado.

La nueva libertad de expresión en México ha disminuido el control del Estado, la censura gubernamental, los crímenes contra periodistas y hasta ha facilitado la denuncia de ciertos sectores en contra del aparato estatal. Por el otro lado, ha favorecido las prácticas distorcionadores en los canales de la información, aumentando los “globos sonda”, la información inutil y amarillista y la manipulación de la información desde las esferas transnacionales de la gran industria cultural. La gran utopía de Tocqueville sobre la prensa también ha tenido en el gran pensador la anticipación de sus contradicciones: a) los hombres se sentirán iguales e independientes, b) tendrán ideas sencillas sobre todo gracias a la cultura de masas, c) la igualdad será favorecida por el Estado que acrecentará la debilidad del individuo, d) aumento de las elites tecnoeconómicas y del poder central. Y todo esto, en México, coexistiendo con discursos neoliberales, una constitución que garantiza el derecho a la información y con leyes restrictivas y reguladoras de la información. ¿Se trata del régimen de pesuasión informativa de las masas o de un proyecto sistemático de disolución de las colectividades?

NOTAS

[1] Un estudio más profundo sobre las transformaciones de las elites políticas, industriales, militares e intelectuales del país, puede encontrarse en la serie de artículos publicados por Roderic De Camp con el título “Las elites mexicanas:retrato mínimo” en la Revista mexicana Vuelta, números 138-142. México, 1988

[2] Muchas de esas disposiciones no se cumplen y habitualmente, a casi nadie se le ocurre que deban cumplirse. Padecemos entonces, una doble simulación. Por un lado, tenemos leyes obsoletas e inoperantes y sin embargo, temidas. Pero además, son leyes que de cuando en cuando son desempolvadas con propósitos prohibicionistas. Quienes piensan que la Ley de Imprenta no es mas que letra muerta, podrían enterarse de que hace tres años, el trabajador de una Secundaria Técnica en Tlalnepantla, que además era simpatizante de un grupo radical, fue inculpado por un juez por violación a la Ley de Imprenta porque, se decía, tenía "propaganda injuriosa en contra de un gobierno extranjero". Eso sucedió aquí en México, a mediados de 1995

También ha ocurrido que a partir de disposiciones administrativas, el gobierno asuma posiciones de posible censura. El año pasado, la Secretaría de Gobernación ordenó que los impresos "con temática relativa al sexo" sean escondidos dentro de los puestos de periódicos. El propósito de esa medida pareciera ser la limitación a publicaciones pornográficas. Pero con una formulación tan general, la "temática relativa al sexo" puede incluir casi a cualquier periódico o revista.

En el caso de la Radio y la Televisión, las taxativas que la ley pone en manos del gobierno se aplican poco. Pero siempre pende sobre los concesionarios la amenaza de suspenderles su derecho a transmitir, si no aceptan mantener los privilegios discrecionales que suelen pretender funcionarios y dependencias públicas para la difusión de sus mensajes. La nota corresponde al texo de Raul Trejo Delarbre titulado “Hablar, oír y responder”, publicado en la Revista Razón y Palabra. Número 12. Ref completa en la sección de bibliografía.

[3] México, entre los siete países con las leyes mas atrasada en materia de comunicación, El Financiero 24 de abril de 1998. Citado por Javier Esteinou.

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